Las nuevas máscaras de la violencia por la Dra. Fernanda Crespo para el Heraldo.

Sin duda, es mejor tener leyes justas, que protejan a las mujeres y reconozcan su dignidad, que no tenerlas. Estamos cerca del 25N (Día Internacional de la Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres) y las conversaciones en torno a la violencia dirigida hacia mujeres, jóvenes y niñas aparecen, como cada año, en el espacio público. El próximo febrero, de hecho, se cumplirán 20 años de la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; una ley que, basada en el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la igualdad, la no discriminación y la libertad, pretende garantizar “la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida” (Art. 3°).

La Ley contempla tanto los tipos, como las modalidades de la violencia y, en ese sentido, hace gala de un diagnóstico estructural que apuntala varias líneas de acción; pero que, sobre todo, marca un parteaguas en las maneras con las que actualmente somos capaces de ver, reconocer y nombrar la violencia ejercida, específicamente, en contra de las mujeres.

Me llena de esperanza pensar en todas aquellas generaciones de jóvenes que, desde hace dos décadas, han crecido bajo el cobijo de esta Ley y que, al día de hoy, son capaces de reconocer su dignidad y defender sus derechos; sin embargo, hay que ser claras: no estamos ni tantito cerca de que los compromisos asumidos en esta norma empiecen a verse reflejados en la vida cotidiana de las mujeres de este país. La realidad en México se impone continuamente mostrándonos que la igualdad formal (la igualdad ante la ley) no garantiza la igualdad real.

Sin duda, es mejor tener leyes justas, que protejan a las mujeres y reconozcan su dignidad, que no tenerlas. No obstante, cabría preguntar: si hoy en día la desigualdad ya no se reproduce únicamente por las vías más evidentes (la coacción explícita de las leyes o la denegación formal de derechos), ¿existen nuevas maneras, más difusas e insidiosas, en las que la violencia contra las mujeres se perpetúa?

La respuesta de diversas posturas feministas es contundente: hoy la desigualdad se sostiene a través de mecanismos insospechados, operando a menudo mediante el propio “sí” de las mujeres; es decir, a través de prácticas supuestamente elegidas y consentidas, pero moldeadas por la precariedad.

El caso de la gestación subrogada es, en este contexto, uno de los más alarmantes. Se trata de una práctica escasamente regulada a nivel federal en nuestro país —permitida en entidades como Tabasco y Sinaloa, y expresamente prohibida en Querétaro y San Luis Potosí—, lo que ha convertido a México en un destino atractivo para mercados internacionales. Así, en un contexto donde la pobreza y la falta de oportunidades tienen rostro de mujer, cabe preguntarse hasta qué punto una decisión tomada bajo la presión de la necesidad económica puede considerarse un ejercicio pleno de libertad.

La Relatora Especial de Naciones Unidas, Reem Alsalem, ha señalado con claridad cómo la gestación subrogada engloba dinámicas de explotación que involucran a comitentes, intermediarios, agencias y Estados en arreglos que se aprovechan de los desequilibrios de poder. 

En efecto, al convertir el cuerpo de las mujeres y la filiación de los recién nacidos en objetos de contrato, la subrogación desafía frontalmente los principios de la Ley de Acceso, reactivando modalidades de violencia física, económica, psicológica y reproductiva, que quedan invisibilizadas bajo el discurso del contractualismo y la autonomía individual.

Quizá este 25N sea un buen momento para recordar que no basta con construir castillos de cristal hechos de leyes si no somos capaces de cuestionar las nuevas, aunque enmascaradas, formas de violencia.

Quizá sea un buen mes para recordar que la necesidad de erradicar la violencia en contra de las mujeres sigue siendo tan urgente y tan vigente como hace 20 años.

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